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Por Fernando Del Corro
Es
bien conocido por los tratadistas del derecho
público internacional y por los historiadores
económicos que la llamada "deuda odiosa",
como concepto jurídicamente explicitado,
surgió del Tratado de París firmado
el 10 de diciembre de 1898 mediante el cual la
nueva potencia mundial hegemónica, los
Estados Unidos de América, obligaron a
la rendición de España tras tres
años de guerra, inicialmente por Cuba,
pero que se extendió a Filipinas y Puerto
Rico.
Sin
embargo, esa misma teoría que hoy, nuevamente,
EUA utilizó en Irak para no pagar las deudas
con los acreedores europeos, quedó implícita
en la relación entre los nuevos estados
de habla castellana de América y la antigua
metrópoli con la firma de la rendición
española tras la batalla de Ayacucho ante
el mariscal Antonio José de Sucre 74 años
y un día antes.
El
representante español que firmó
el Tratado de París, Eugenio Montero Ríos,
pretendió en aquella circunstancia que
las ex colonias, al separarse de la metrópoli,
se hicieran cargo de los pasivos que habían
sido generadas en ellas por la segunda. Fue allí
que se decidió que las deudas impuestas
a los pueblos "sin su consentimiento"
y, más aún, con el agravante de
haberlas asumido mediante "el uso de la fuerza"
son ilegítimas y no podrán ser reclamadas
"en ningún sentido, ni moral ni jurídicamente".
Un
hecho novedoso, sin embargo, no debidamente valorado,
es la cláusula impuesta por Sucre al general
ibérico José Canterac donde, sin
acuñar el concepto de "deuda odiosa",
el criterio quedó expuesto en el punto
octavo del acuerdo suscripto en los campos de
la Quinua (tradicional cereal de los pueblos andinos
con muy buenos rindes en las alturas) por los
jefes de los dos ejércitos que dieron la
batalla final por la liberación de América
del Sur el 9 de diciembre de 1824. Batalla en
la que otro elemento por la mayoría ignorado
es que en ella participaron las tropas del gran
patriota rioplatense y suramericano que fue José
Gervasio de Artigas, a la sazón ya exiliado
en Paraguay con toda su gente, conformada, en
buena medida, por muchos morenos y charrúas.
Al
tratarse el punto de los pasivos públicos,
octava cuestión en disputa, solicitó
Canterac que se fijara que "El Estado del
Perú reconocerá la deuda contraída
hasta hoy por la hacienda del gobierno español
en el territorio". Los términos del
acuerdo, establecidos por el mariscal Sucre determinaron
que "El Congreso del Perú resolverá
sobre este artículo lo que convenga a los
intereses de la república".
Criterio
que debieran adoptar los gobernantes de la región
donde el burócrata de ocasión, encargado
de esas negociaciones, vinieron acordando, por
lo común, durante las pasadas décadas,
a favor del imperio de turno, como que cada argentino,
cuando nace en estos días, recibe del obstetra,
junto con las palmaditas en la cola, una pesada
mochila de la que, si pretende descargarse, debe
abonar varios miles de dólares estadounidenses;
los uruguayos un poco menos y los chilenos otro
poco menos.
Lo
que se dijeron Sucre y Canterac no está
registrado, pero no debe haber sido muy diferente
a aquel debate de París cuando Montero
Ríos pidió por los 1.500 millones
de pesetas que era la deuda cubana su contraparte
estadounidense, William Day, le espetó:
"¿Han sido jamás consultados
los habitantes que están interesados en
este asunto? El país ni ha sido consultado
y ahora por primera vez se le notifica que debe
pagar estas deudas".
Los
pueblos de América del Sur y de todo el
Tercer Mundo jamás fueron consultados por
sus contumaces endeudadores y los congresos fueron
cedido su rol dejándolo en manos de los
funcionarios de circunstancia. A 183 años
de la capitulación española en Ayacucho,
es de esperar que la firma del tratado de la Unión
Suramericana , suscripto hace tres en el mismo
campo de la batalla, y en particular la dimensión
estratégica y económica mundial
lograda ya por el Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) permitan avanzar en el camino de Sucre
y resolver la cuestión de la deuda como
mejor convenga a los intereses de los pueblos
de la región.
Por
Fernando Del Corro - Periodista, historiador,
docente en la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Buenos Aires.
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