Por Ciro Annicchiarico -

Alguien dijo alguna vez que EEUU es el país del "como si". Los palacios romanos son en realidad de cartón pintado, las "pesadas espadas" de los gladiadores son en realidad de madera revestida con papel aluminio, las galeras repletas de remeros transpirados que se hunde en el Mar Tirreno rumbo a Cerdeña, es en realidad una maqueta de veinte centímetros en una palangana. Todo es como si fuese algo, pero no lo es. El american way of life, en una medida que muchos se sorprenderían, es también una pura fantasía que deslumbra a los espectadores desinformados del mundo frente a una pantalla de cine, sobre la que Hollywood proyecta su realidad ficcional.

Si bien hubo muchos ejemplos, el más reciente es el de la sorpresa, en muchísimos casos indignada consternación, que provocó y sigue provocando la película Sicko de Michael Moore, que muestra de un modo crudísimo la verdadera realidad de la salud pública en EEUU y del "privilegio" de ser estadounidense o de vivir en ese país para los ciudadanos comunes, en un país considerado el primero entre los primeros. Con la justicia penal pasa lo mismo. De la misma manera, si alguien cree, por haber visto muchas películas, que la justicia penal en EEUU es como ocurre en el cine o en la televisión, asegurando a todos los ciudadanos sospechados de algún delito la posibilidad de un juicio justo como lo manda la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, está por cierto muy equivocado. Esas excelentes escenificaciones en las que ante un acusado, generalmente vestido de traje y muy cuidado, un jurado imparcial considera la situación que exponen dos destacados equipos de juristas, uno que acusa y otro que defiende, y luego decide, y más tarde si el sujeto fue declarado culpable un juez justo fija la pena, o si fue declarado inocente los defensores astutos y el fiscal probo admiten que en realidad el asesino fue otro y lo señalan haciendo justicia, en realidad son nada más que un entretenimiento.

En realidad eso no pasa casi nunca. Son nada más que películas de Hollywood. Cuando a partir de que el fiscal de Miami Tom Mulvinhill, con información secreta que le proporcionó el FBI, anunció que Antonini Wilson fue presionado por agentes venezolanos para transportar irregularmente dinero para la campaña de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diario argentino La Nación tituló "Por fin, ahora se conocerá la verdad", en realidad tendría que haberlo titulado exactamente al revés: ahora, ya no se podrá conocer la verdad. No se trata este comentario de una nota política, sino estrictamente jurídica.
Destacadísimos juristas y criminólogos mundiales han estudiado la realidad de la justicia penal estadounidense y han quedado estupefactos frente a lo que encontraron. No hace falta ser abogado penalista para saber, como espontáneamente contestaría cualquier ciudadano medianamente informado a quien se le preguntase, que para ser declarado culpable de un delito se requiere que haya de por medio un juicio justo, el cual consiste en que un fiscal fundamente su acusación, el imputado tenga derecho de declararse inocente sin condicionamientos ni extorsiones en una investigación que no sea fraguada, y cuente con la posibilidad de defenderse adecuadamente. Y luego, que un tribunal independiente sopese las pruebas de uno y de otro y decida con la mayor objetividad. Eso es un juicio justo. Bien, en EEUU no es así. Uno de los más importantes criminólogos contemporáneos, el noruego Nils Christie, publicó en 1993 un riguroso estudio del sistema penal de los Estados Unidos, "La industria del control del delito - La nueva forma del holocausto?", en el que, entre otros datos escalofriantes, puso en evidencia que la pregonada "colaboración del acusado" en las investigaciones criminales, funciona en la realidad como un medio para incrementar la producción de presos a ingresar en un sistema penitenciario que genera ganancias a las empresas privadas concesionarias de ese "servicio". Y además, son un mecanismo propicio para operaciones políticas. Sí, es así, aunque a usted esto lo escandalice.

El mecanismo de la ley procesal que lo permite se llama plea bargaining (pedido de negociación o regateo, en castellano) y funciona de la manera que se expone a continuación. Alguien comete un delito o está sospechado de haberlo cometido, por ejemplo el hurto de un objeto en un comercio. El fiscal (prosecutor) cree que tiene elementos para probarlo, pero el imputado afirma su inocencia. Entonces se pone en funcionamiento el plea bargaining. Se le hace saber al preso que si insiste con su inocencia y da lugar al juicio, el fiscal está seguro que podrá probarle además del hurto también otro u otros delitos, por ejemplo un delito de daño al resistirse, más un robo con armas que tenía sin esclarecer y considera que este imputado, por su perfil, puede haber sido el autor. Si por el contrario se declara culpable del hurto, solo pedirá y se le aplicará pena por ese solo delito. Por el hurto del objeto en el comercio, siendo primario, al imputado le corresponderían tres meses de prisión.

Pero si el fiscal llegase a probar o a convencer al jurado de que fue también responsable de un delito de daño y de un robo con armas, la suma de las tres penas llegaría a veinte años de prisión. Usted qué haría en tal caso? Ante semejante disyuntiva, el pobre detenido que está seguro de ser inocente y quiere tener derecho a su juicio justo para probarlo, como dice la Constitución de los Estados Unidos, lo más probable es que termine aceptando pasar tres meses en un correccional y no arriesgarse a que si osa pedir su juicio, con buenas o con malas artes el fiscal logre convencer al jurado de que además es autor de los otros dos graves delitos.

El fiscal hace como si hubiera resuelto el hurto, el preso hace como si lo hubiese cometido para evitar veinte años de cárcel, y el poder judicial hace como si hubiese administrado justicia. Una película perfecta. Y todo el sistema sirve para que siga funcionando el servicio privado de cárceles que genera una actividad económica anual millonaria en insumos de control. Al igual que en el caso de la salud pública que muestra Michael Moore, es el sistema capitalista funcionando a pleno. Dice Nils Christie en la obra citada: "Según la declaración de derechos de la Constitución de los Estados Unidos, todos los estadounidenses acusados de haber cometido un delito tienen derecho a ser juzgados por un jurado imparcial. En el mundo real, casi ningún acusado hace uso de este derecho.

Más del 90 por ciento -en algunas jurisdicciones un 99 por ciento- se declara culpable. Si esto no fuera así, si aunque sea un pequeño porcentaje de ellos no se declarara culpable, el sistema judicial entero de los Estados Unidos se paralizaría completamente. Pero por qué se declaran culpables? Porque no pueden correr el riesgo de declararse inocentes. El mecanismo que asegura esta fabulosa colaboración del acusado se denomina plea bargaining. Cuando el fiscal cree que puede probar que el supuesto delincuente cometió los actos A, B, C y D, le promete que sólo va a acusarlo de los actos A y B si el acusado se declara culpable de estos actos. De esta manera a los estadounidenses no se los condena por lo que hicieron, sino por lo que acuerdan con el fiscal que van a revelar en el juicio…"

La conclusión que se impone a los fines de este artículo es la siguiente: si el sistema de plea bargaining no es otra cosa que una negociación sostenida en un mecanismo indudablemente extorsivo, ya sea para evitar por un lado el colapso del sistema judicial estadounidense, o para evitar por parte del infeliz que cayó en la trampa décadas de injusta prisión, qué fe nos puede merecer lo que el fiscal Tom Mulvinhill dijo que Antonini Wilson le dijo, o lo que dijo que le dijeron los presos venezolanos? Qué confianza puede merecer una declaración basada en una negociación, o plea bargaining, que además de útil para hacer creer que el sistema judicial estadounidense funciona, y para que el negocio del encierro de gente funcione, también puede ser útil para fines políticos?

(*) Abogado penalista, ex concejal de Lomas de Zamora; integrante de Conciencia Al Sur (CONSUR), Grupo de Reflexión y Gestión.