La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires:

R E S U E L V E

Dirigirse al Poder Ejecutivo provincial y por su intermedio al Ministerio de Seguridad, a fin de solicitarle que a la mayor brevedad y en forma escrita, informe a este Cuerpo sobre distintos aspectos relacionados con la compra-venta de auto-partes, los desarmaderos y la actividad delictiva que gira en torno a ella, respondiendo las siguientes preguntas:

1) ¿Cuántos desarmaderos, comercios repuestos nuevos o usados y de compra y venta de autopartes, carrocerías, motores armados o semiarmados y chatarra se han inscripto en el Registro de Control de Comercios Vinculados a la Actividad de Automotores y Otros, discriminando por rubros y municipios en lo que se encuentran radicados?

2) ¿Cuántas infracciones al art. 10 de la Ley 13.081 se han constatado en el último año, discriminando por rubros y municipios en los que se encuentran ubicados los establecimientos sancionados?

3) De los establecimientos mencionados en el art. 10 de la Ley 13.081 ¿Cuántos han sido denunciados penalmente por encontrarse vinculados a actividades delictivas, en el último año?

4) ¿Si existe un intercambio de información permanente con el Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas, creado por artículo 9º de la Ley Nº 25.761 en el ámbito de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios? En su caso, brinde detalles del resultado obtenido por dicho intercambio de información.

5) ¿Cuántas denuncias por robo u hurto de automotores se han registrado en la Provincia, en estos últimos cinco años?

6) ¿Cuáles han sido las zonas, los días, las horas donde se han registrados el mayor número de delitos vinculados a la sustracción de automotores y qué medidas puntuales se han adoptado para mitigar dicho accionar delictivo? Brinde detalle de los resultados obtenidos en el último año.

7) ¿Sí ha habido personal policial en actividad, retirado y/o exonerado de la fuerza, vinculado a ilícitos cometidos mediante esta particular modalidad delictiva que venimos apuntando –en los últimos cinco años- y, en su caso, brinde detalles de causas penales y administrativas iniciadas y su estado actual?

8) Toda otra información de interés sobre el particular.

F U N D A M E N T O S

La seguridad continúa siendo uno de los reclamos principales de nuestra sociedad desde hace ya largo tiempo. Como ha sostenido la Diputada Nacional Margarita Stolbizer, la inseguridad ha dejado de ser una “sensación” para pasar a ser el “… resultado de una trama mafiosa que combina delito, droga y política y que padecemos todos los que andamos por la calle sin guardaespaldas”.

El accionar delictivo va mutando en su accionar pero la matriz parece ser siempre la misma: inequidad, exclusión, injusticia, corrupción, mafias, complicidad del poder, impunidad.

El poder político de los últimos veinte años no ha encontrado el rumbo a la hora de enfrentar este flagelo. Todo parece ser una larga lista de anuncios, en la que los planes de seguridad se suceden en un devenir de anuncios y nuevos fracasos.

Mientras tanto, el robo de automotores, los desarmaderos y la comercialización de autopartes, vuelve a concitar la atención de la opinión pública a raíz de lamentables sucesos que se han seguido como una constante a lo largo de este último año, si bien nunca dejaron de tener presencia en nuestro medio.

La denuncia de conspiración realizada por el Ministro Stornelli, no sólo vuelve a poner en la mira la constante tensión entre el poder político y algunos sectores policiales, sino que también, se halla ligada a ese particular segmento delictivo, en el que la complicidad de algunos hombres vinculados a las fuerzas de seguridad, no hace más que confirmar que siguen vigente las viejas prácticas.

Insistimos; el tema no es nuevo. En una reciente nota firmada por Patricio Eleisegui, en el portal iProfesional.com, se da cuanta de una serie de datos a cerca de esta modalidad delictiva y sus implicancias económicas. Allí se sostiene que “De los 85 automóviles que se roban por día en el Conurbano más de la mitad nunca aparecen, según datos del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI). El mercado negro de autopartes factura $327 millones por año, pese a los más de 60.000 procedimientos concretados por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en los últimos dos años”.

Todo parece indicar que, a pesar de las respuestas que desde el Estado se intentar brindar para mitigar esta actividad delictiva, el mundo del hampa responde con nuevas modalidades, que hacen pensar más en la impericia de los gobiernos para dar respuestas a estas mutaciones, que en soluciones serias y sostenidas en el tiempo que la sociedad reclama.

Luego de la sanción de un marco legal en nación (Ley 25.761) y en provincial (ley 13.081), se ha pasado de los grandes desarmaderos a los más pequeños, localizados en la periferia, en los que se utilizan pequeños talleres, quintas, bajo techo, para dificultar el control aéreo. A estos nuevos desarmaderos se los llama “express”. También ha cambiado la modalidad de venta. Ahora se denomina “delivery” o entrega a domicilio, siendo éste el método más común que se utiliza en la actualidad, para operar más tranquilos en la clandestinidad.

Pero volvemos a insistir. El tema no es nuevo y se reitera una y otra ves. Sino, recordemos una nota del periodista Raúl Kollman en el Diario Página 12, titulada “Relaciones peligrosas” (domingo 12 de agosto de 2002), que bien puede reproducirse hoy, cambiando sólo los nombres de los involucrados. Allí se decía: “… La polémica sobre la relación entre política, policía y seguridad surgió esta semana a raíz de las declaraciones del viceministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Marcelo Saín. El funcionario señaló que buena parte del crecimiento del clima de inseguridad tiene que ver con dos internas: la de policías bonaerenses contra Juan Pablo Cafiero, pero fundamentalmente la interna política del justicialismo en la que quieren deteriorar al gobernador Felipe Solá para que no se pueda volver a presentar como candidato el año que viene. La idea es que dirigentes del duhaldismo, especialmente en el nivel de punteros, concejales, legisladores y referentes distritales, boicotean a Solá, transmiten eso a los jefes policiales y éstos alientan a las bandas o las dejan hacer ...”. Y, agregaba respecto del tema desarmaderos: “…Hasta diciembre, a un “levantador”, como llaman los desarmaderos a quien roba autos, le daban 200 pesos por vehículo: ahora pagan 800 por el mismo coche, entre 1000 y 1500 por uno importado y 2000 o más por una 4x4. Por una Trafic, por ejemplo, le dan 1000. La roba, la deja “durmiendo” dos horas en algún lugar del Gran Buenos Aires para ver si tiene sistema Lo Jack o similar –los ladrones no tienen forma de saber si el vehículo cuenta con esa protección– y después la lleva al desarmadero, que lo convierte en 3000 pesos en repuestos. Lo grueso del negocio delictivo está en los desarmaderos, que son una de las mayores fuentes de financiación policial y política del momento. Esos verdaderos reducidores de lo robado requieren de autorización municipal y supuestamente están controlados por los municipios. En otras palabras, alguna parte del aparato político da el visto bueno para que funcionen. Por supuesto que la otra mitad es la complicidad policial, que consiste en mirar para otro lado pese a que saben que funcionan vendiendo el producto de lo robado …”

Hoy día, junto a la crisis económica desatada a nivel mundial, se ha vuelto a poner en auge el “negocio” del robo de autos y la actividad del desguace de los mismos. El escenario descrito por Kollman, no ha variado mucho. Parece ser que, como siempre, existen las bandas, los policías corruptos y el nexo político que se favorece. Ya lo reflejaba el periodista de Página 12, en la nota citada. “… ¿Necesitás habilitar un desarmadero? Andá a verlo al concejal tal o al secretario tal de parte mía”, aconseja el comisario, dando la patada inicial al negocio ...”

De todo este contexto, surge la necesidad de requerirle al Poder Ejecutivo, una vez más, mayores precisiones sobre su la utilización de las herramientas con las que cuentas en esta materia y que nos brinde un detallado informe de la marcha de la seguridad en este tema puntual, para poder realizar un mejor control sobre sus políticas pública. Políticas que, en materia de Seguridad, desde nuestro Partido hemos denunciado como inexistentes. Pues si en algo se han caracterizados los distintos gobiernos que se han sucedido en la Provincia, desde la década del ’90 hasta el presente, ha sido la ausencia total de un Plan Integral en materia de Seguridad Pública Ciudadana que, sostenido en el tiempo, permita combatir este flagelo.

Como lo ha sostenido Stolbizer, en una reciente nota de opinión, “… hasta ahora, solo se han tratado de medidas planteadas frente a la demanda social; a veces la conmoción creada por un caso particular; pero siempre como parches sobre las consecuencias, que no responden a un plan para erradicar las causas y condiciones que favorecen el delito, ni a una acción eficaz que lo reprima y condene ...”

Por las razones expuestas, solicitamos a los Señores Diputados que nos acompañen en esta iniciativa.

Diputado Provincial

Marcelo Diaz