Las recientes elecciones han fortalecido tanto al ejecutivo nacional como al provincial y no cabe duda que este respaldo esta acompañado de una homogénea mezcla de esperanza y reclamo de la sociedad argentina que amerita un mayor empeño de sus gobernantes a fin de dar solución a los múltiples problemas que enfrentan diariamente. El marco institucional y político aparece como favorable para el lucimiento de aquellos que recibieron el favor de los ciudadanos. Los que ganaron espacio tienen el mayor compromiso y los que detentan la minoría tienen la obligación de ejercer un control constructivo, el ser opositores no les da patente de corzo para oponerse a todo.

Una herramienta útil y que se encuentra injustificadamente detenida, es el otorgamiento de autonomía a los municipios. Así como lo ordena la Constitución Nacional desde 1994 para finalizar con la actual estructura de poder altamente centralizada que regula el margen de acción de los gobiernos municipales.

La autonomía municipal trasciende su competencia administrativa actual y les permitiría implementar agresivas políticas zonales y regionales (mediante acuerdos entre municipios) que signifiquen una mejor y más transparente gestion de Gobierno Municipal, y una mayor y concreta participación de los vecinos en el tratamiento de la cosa pública, por ejemplo en la elección directa de los Delegados Municipales con mayores responsabilidades y atribuciones y la realización de Audiencias Publicas Vinculantes para la toma de decisiones cuya envergadura afecte a un importante numero de vecinos.

Para concretar esta reforma social se requiere de una acción conjunta de todos los sectores políticos para reformar la constitución provincial, cuyo marco jurídico regula los ingresos y gastos municipales mediante la Ley Orgánica de las Municipalidades, una Ley que en su momento fue un instrumento idóneo para encausar los gobiernos municipales pero que ya no resulta eficaz para tratar las situaciones que se dan en nuestros municipios por sus diferentes fisonomías y condiciones particulares, tanto sociales como económicas.

La Ley Orgánica de las Municipalidades hace aparecer a los municipios como entidades autárquicas ya que sus facultades y atribuciones provienen de la constitución provincial y de la Ley de su creación, pero esto los encaja en un marco que no les permiten realizar innovaciones políticas o económicas acordes a sus condiciones particulares.

La autonomía municipal que consagra la Constitución Nacional desde 1994 ha sido implementada en la mayoría de las constituciones provinciales, pero en la bonaerense es una asignatura pendiente a pesar de haber sido contemplada en el proyecto de la última reforma que proponía, entre otros tópicos, el tratamiento del Régimen Municipal. Lamentablemente los desacuerdos políticos dieron por tierra con la iniciativa.

Concluyendo, no quedan dudas que, el rol del Estado debe estar encaminado a generar y facilitar la participación ciudadana en el sentido más amplio.

Democratizar el poder y acercarlo a la gente es un deber inexcusable de quienes resultaron beneficiados con un mandato, como tambien tener en claro, que los mandantes son el pueblo y que en consecuencia deben facilitárseles las herramientas de gestion y control.

* Periodista de Investigación
Miembro de la AAPA y RedCalc
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